El mundo quedó en shock el sábado, cuando las fuerzas militares estadounidenses penetraron en territorio venezolano para capturar al ex presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Pasan los días y el asombro persiste, mientras las piezas parecen reacomodarse y algunas señales apuntan a una necesaria distensión. Que tras asumir como mandataria interina Delcy Rodríguez haya hablado de cooperación con Donald Trump lo dice todo en ese sentido. Es tiempo entonces de analizar qué sucederá, de aquí en más, con una serie de conceptos que estaban llamados a regir la comunidad global: el respeto por los principios básicos del Derecho Internacional, la no injerencia en asuntos internos de Estados soberanos y, sobre todo, la necesidad de extremar las vías diplomáticas como único camino legítimo para la resolución de conflictos, aun en los contextos más graves. Nada de esto se tuvo en cuenta; Estados Unidos actuó unilateralmente y las consecuencias están a la vista.

El Derecho Internacional no es un obstáculo para la Justicia ni un escudo para la impunidad, como a veces se lo presenta en los discursos más simplistas. Por el contrario, constituye un marco de reglas mínimas de convivencia entre los países, pensado precisamente para evitar que la ley del más fuerte se imponga sobre la razón y el diálogo. El principio de soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza no son dogmas abstractos; se trata de garantías esenciales para preservar un orden mundial imperfecto, pero preferible al caos.

A esto se refirió la Organización de las Naciones Unidas cuando emitió su primera comunicación oficial sobre el tema. “(EEUU) socavó un principio fundamental del Derecho Internacional. Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sostuvo además que la acción estadounidense provocó que todos los países sean “menos seguros” y “envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran”. Y añadió: “debilita el mecanismo que tenemos para prevenir nuevos conflictos, incluso una tercera Guerra Mundial”.

El riesgo de naturalizar la violencia como herramienta política es uno de los aspectos más preocupantes del escenario actual. Cada vez que se relativiza la implementación de una salida armada se corre el peligro de abrir una puerta que luego resulta imposible cerrar. Por eso el caso venezolano interpela a la comunidad internacional, llamándola a actuar con responsabilidad histórica y coherencia ética.

No se trata de minimizar la gravedad de la situación ni de desconocer el sufrimiento de millones de venezolanos, pero cualquier solución que no esté basada en el respeto al Derecho Internacional y en acuerdos políticos amplios está condenada al fracaso. La violencia y la intervención externa suelen dejar como herencia escenarios aún más complejos y dolorosos.